El tratamiento formó parte de la sesión del Senado que incluyó proyectos sobre discapacidad y tierras. Según informó Agencia NA, el texto también contempla la restitución de la Ley de Tierras Rurales, tras las modificaciones introducidas durante su recorrido legislativo.
La sanción del Congreso no equivale por sí sola a la entrada en vigencia: para precisar desde cuándo se aplicarán los cambios habrá que considerar su promulgación, publicación y lo que disponga el texto definitivo.

La iniciativa prevé un procedimiento más rápido para los casos de inmuebles usurpados o de tenedores precarios. El juez podrá disponer la entrega anticipada si considera verosímil el derecho invocado y bajo caución juratoria, es decir, con el compromiso de responder por los perjuicios que pudiera ocasionar la medida.
Según el texto reseñado por NA, el propietario deberá acreditar su derecho con prueba documental y podrá solicitar que el juez intime la devolución del inmueble dentro de las 72 horas. Ese plazo no implica un desalojo automático ni elimina la intervención judicial.
Para los inquilinos con deudas de alquiler, se establece una instancia diferente: el propietario deberá enviar una carta documento y conceder al menos 10 días corridos para regularizar el pago, contados desde la recepción de la notificación.
El proyecto dispone que la declaración de utilidad pública se interprete de manera restrictiva y exige al Estado fundamentar los motivos de la medida.
De acuerdo con la información difundida, se incorporó un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante. También se prevé un cálculo de intereses que toma como referencias el Índice de Precios al Consumidor y la tasa del Banco Nación a 30 días.
La restitución de la Ley de Tierras Rurales mantiene restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros, con límites de superficie y condiciones especiales para determinados territorios, incluidos sectores de frontera y áreas con cuerpos de agua.
Por otra parte, se modifica la ley Pierri de regularización dominial para permitir el acceso a la escritura de una vivienda única a familias que acrediten una posesión pública durante los 10 años anteriores, conforme a los requisitos del régimen.
En la votación acompañaron La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. Votaron en contra los bloques Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
Fuente: Agencia NA.