El Congreso de la Nación sancionó una modificación a la Ley de Glaciares (Ley 26.639), una normativa clave para la protección de reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La iniciativa fue aprobada tras un debate legislativo que reflejó distintas posturas en torno al equilibrio entre desarrollo productivo y cuidado ambiental.

La reforma introduce cambios en los criterios de protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Entre los principales puntos, establece que las provincias tendrán mayor participación en la evaluación de las áreas protegidas, en función de su relevancia hídrica y características específicas.

La legislación original, sancionada en 2010, fijaba restricciones a actividades como la minería y otras industrias en zonas consideradas sensibles, con el objetivo de preservar estos ecosistemas. Con la modificación aprobada, se redefinen algunos de esos alcances, lo que abre un nuevo marco regulatorio para el uso de estos territorios.

Durante el tratamiento del proyecto, desde distintos sectores se plantearon argumentos a favor y en contra. Por un lado, se destacó la posibilidad de impulsar inversiones y actividades económicas en regiones cordilleranas. Por otro, se subrayó la importancia de mantener niveles adecuados de protección ambiental y garantizar la conservación de fuentes de agua.

La implementación de la reforma y sus efectos concretos quedarán sujetos a la reglamentación y a las decisiones que adopten las autoridades provinciales en cada jurisdicción.